La comparecencia del titular de la Contraloría General del Estado, Ricardo García Guzmán, es ejemplo del avance en la materia, afirmó Mariela Tovar Lorenzo, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXIII Legislatura de Veracruz
Xalapa, Ver.- El gobierno de Veracruz avanza en materia de transparencia, y ejemplo de ello es el anuncio del contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, de los nombres de funcionarios a quienes se sigue un proceso de investigación, manifestó la diputada Mariela Tovar Lorenzo, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXIII Legislatura local.
Consideró que la comparecencia del Contralor General ante los miembros de las Comisión –que también integran los diputados Julen Rementería del Puerto, secretario, y Adolfo Jesús Ramírez Arana, vocal– fue concreta y puntual, cumplió con la expectativa y es muestra de la apertura del Gobierno estatal en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En la primera ronda de preguntas y respuestas, García Guzmán informó al diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que este año penalizaron a 106 servidores públicos, por no presentar su Declaración Patrimonial en tiempo y forma. Cinco dejan el cargo, 47 son suspendidos un mes sin goce de sueldo, diez reciben apercibimiento público, y 44, amonestación pública.
Aclaró que la mayoría de los funcionarios en Veracruz son honestos, y por eso se aplica la ley en los casos citados: “No se permitirá que unos cuantos afecten la imagen de todos los que trabajan en la Administración Pública. A partir de este momento, en el portal de la Contraloría del Estado aparecen los nombres de los penalizados”.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Domingo Bahena Corbalá, preguntó si investigarán supuestos actos de corrupción de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), si hay funcionarios cesados o denunciados por pagos indebidos a la constructora del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
Ricardo García Guzmán se comprometió a investigar las denuncias contra Belisario Domínguez, ex funcionario de la Sedarpa, y dijo que en el caso de la construcción del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, se revisan varias denuncias y tienen personas citadas a declarar. Entre los presuntos responsables de irregularidades, que podrían ser penalizados administrativamente, están el ex Director General de Caminos Rurales, el ex Director Jurídico y supervisores de obra de la extinta Secretaría de Comunicaciones (Secom).
Aclaró que no hay investigación ni denuncia contra los ex funcionarios separados de diferentes cargos de la administración pública estatal en meses pasados, pues aun cuando los medios de comunicación han publicado diversas notas o especulaciones, en las revisiones de la Contraloría –seguimiento de todo un proceso–, no encontraron irregularidades.
El diputado Juan Eduardo Robles Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), preguntó cómo el nuevo Modelo del Sistema Estatal de Fiscalización perfecciona el existente.
En el nivel nacional –explicó el Contralor– se tiende a generar más controles de fiscalización, y se cuenta con órganos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), mientras que en Veracruz están el Órgano de Fiscalización Superior para el Estado (Orfis), la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, entre otras instancias. La Contraloría –aseguró– está preparada para implementar nuevos modelos de fiscalización y colaborar con otras instituciones, sin duplicar actividades.
Dijo que en su reciente visita a Veracruz, el director general de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Manuel Alcocer Gamba, ratificó la calificación que la ASF dio a la entidad por cumplimiento de cien por ciento, lo que indica que Veracruz está en el camino correcto.
Ante el planteamiento del diputado Juan René Chiunti Hernández, del Partido Nueva Alianza (Panal), sobre dependencias como la Sedarpa, donde según campesinos hay hechos de corrupción, Ricardo García Guzmán se comprometió a analizar el caso de inmediato.
Recordó que el Gobernador presentó un Código de Ética al que están sujetos todos los servidores públicos, y la CGE instaló comités en todas las dependencias, para que todos los servidores públicos tengan que alinear su conducta.
Al diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), le precisó que la deuda pública de Veracruz reconocida por la SHCP es de 41 mil millones de pesos, no de 90 mil millones, por lo que se comprometió a responder por escrito otros cuestionamientos del Legislador.
Francisco Garrido Sánchez, del Partido Alternativa Veracruzana (AVE), solicitó al funcionario explicar las condiciones en que encontró la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
El funcionario aseguró que la dependencia está en orden, se hizo la entrega-recepción sin problemas, y tras una investigación no encontraron faltante alguno: “Las revisiones permanecen, con absoluto conocimiento de causa”.
SEGUNDA RONDA
Sobre el combate a los actos de corrupción de algunos funcionarios, el Contralor General respondió a la diputada priista Octavia Ortega Arteaga que el trabajo de la dependencia se encamina a asegurar que los servidores públicos –desde el más modesto hasta el más connotado–, conozcan el contenido de la Ley de Responsabilidades, los códigos de conducta, los procesos licitatorios y lo que deben reportar a la Contraloría y a la Sefiplan.
A eso se añade el seguimiento del Orfis y la Secretaría de Fiscalización del Congreso, agregó. Además, la dependencia ya tomó nota de las propuestas, análisis de especialistas y las aportaciones que para Veracruz significaría el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
El legislador panista Jorge Vera Hernández preguntó sobre los recursos obtenidos por las dependencias bajo la figura de presupuesto basado en resultados, su distribución entre hombres y mujeres en poblaciones urbanas y rurales, y su condición de rezago social.
García Guzmán respondió que la Contraloría creó indicadores para conocer si cada instancia cumple o no con el presupuesto basado en resultados: “Debe corresponder a la satisfacción de los compromisos de Gobierno en cada uno de los ejes rectores. Se asigna, se evalúa y debe destinarse a quienes cumplen”.
En cuanto al resultado de la capacitación impartida a servidores públicos y su obligatoriedad, planteamiento de la diputada del partido Nueva Alianza (Panal) Jaqueline García Hernández, el Funcionario informó que todo lo que acontece en un Gobierno se actualiza y las demandas ciudadanas cambian. Los servidores públicos deben ser aptos para ofrecer lo que se les demanda y es distinto a 20 años atrás. Existe obligatoriedad para asistir a la capacitación que la institución imparte.
Ana María Condado Escamilla, del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano (PRD-MC), preguntó qué ha sucedido con algunos funcionarios señalados de cometer excesos y abusos en la administración de los recursos públicos, y aludió al ex secretario de Salud, quien habría comprado medicamentos no planificados y equipo hospitalario que no llegó a su destino.
El Contralor señaló que la dependencia debe investigar a fondo, advertir inconsistencias o irregularidades, tomar una determinación y mantenerse circunscriptos a la norma. No hay notificación al respecto del Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
En cuanto al Sector Salud, revisó los hospitales donde se especuló la presencia de “aviadores”. Se detectaron ocho en la Jurisdicción Sanitaria número 5 de Xalapa, y dos en la de Orizaba, y de ello se notificó a la Dirección de Administración de Servicios de Salud, que de inmediato procedió en consecuencia.
El Contralor se comprometió a dar seguimiento a lo expuesto por la Diputada, a través de una fotografía que mostraba supuestos medicamentos caducos en bodegas.
TERCERA RONDA
La legisladora Ana Cristina Ledezma López, del PAN, pidió conocer las investigaciones sobre 800 obras inconclusas, con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) 2009 y 2010; la erogación del Gobierno para la aeronave que utilizó el ex Secretario de Salud para trasladarse a una comisión oficial, las observaciones al programa Adelante y el retraso de las participaciones federales a los ayuntamientos, por la Sefiplan.
El Contralor dijo que conoció del tema del uso de una aeronave por el ex Secretario de Salud y no se erogaron recursos del estado, además de no existir alguna partida presupuestal para ello. Los recursos federales que recibe la Sefiplan –continuó– aparecen en la página de Hacienda del Estado y los atrasos deberán corregirse entre ambas partes.
Explicó que la política social se trabaja entre los gobiernos federal y estatal, y este año 85 ayuntamientos se incorporaron a los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y el programa Adelante va alineado a las acciones de la Federación, para lograr el mayor número de beneficiarios.
Con ello, la diputada Mariela Tovar dio por finalizada la comparecencia, celebrada entre las 10:12 y las 12:49 horas.
